Desarrollo Cultural autogestivo -3 de 4-

Comunidad Buenabaj beneficiada con proyecto financiado por ADESCA
octubre 6, 2016
Desarrollo Cultural autogestivo -4 de 4-
octubre 7, 2016

campusano-1Autor:
José Antonio Mac Gregor Campuzano
Compartido por Colectivo El Itacate
Para la Red Nacional de Gestores Culturales

La lógica de dominación que contra las comunidades se instituye, requiere del debilitamiento de los  principales mecanismos de cohesión social: identidad, parentesco, solidaridad, rituales, lengua, organización. Contra ellos, se impulsa desde las esferas del poder, la estandarización, el individualismo, el consumismo, la desarticulación social y la pasividad.

Esta desigual batalla en la búsqueda de la hegemonía cultural, pone en serios peligros a la existencia misma de diversas manifestaciones de las culturas populares (de hecho han desaparecido culturas populares completas, como pueblos indígenas de reciente extinción). Y cada derrota de las culturas populares frente al proyecto hegemónico, impulsado fundamentalmente desde el exterior, implica derrotas y retrocesos del conjunto de las clases subalternas, y en general, de la cultural nacional, en términos de la riqueza pluricultural que la configura.

Por lo anterior, es preciso impulsar un conjunto de acciones que favorezcan la creación de condiciones adecuadas, para que las comunidades participen críticamente en el diseño y ejecución de proyectos culturales, que incorporen aquéllos elementos de la cultura propia que permitan ampliar la capacidad comunitaria de decisión sobre sus recursos culturales y, de esta manera, ampliar su control y comprensión con respecto a sus otras esferas del desarrollo (económica, política y social).

Dicho impulso, implica la sistematización de experiencias intencionadas, que por un lado dinamicen las experiencias culturales que hemos denominado como “espontáneas”, que sean significativas para la vida comunitaria y que se hallen en peligro de ser deterioradas; por otro lado, la intencionalidad de ciertas acciones, puede avocarse a la búsqueda de proyectos que enriquezcan la producción y consumo cultural comunitario, mediante el intercambio con otras comunidades y la realización de acciones que desarrollen las potencialidades no detectadas espontáneamente y que sólo un trabajo de investigación participativa puede determinar.

A las acciones fundadas en concepciones bancarias, deben oponerse un conjunto de acciones sustentadas en una “praxis” cultural comunitaria”, entendida, a la manera de Freire, como el proceso de reflexión-acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo.

Ambas acciones son de tipo intencionado; la primera reproduce las condiciones de dominación cultural, la segunda tiende a transformarlas. La primera impone modelos que responden a intereses externos a la comunidad, la segunda se construye cotidianamente a partir de las condiciones específicas y a las necesidades particulares de cada comunidad. La primera busca homogeneizar culturalmente bajo las pautas del “progreso” impulsado bajo los requerimientos de acumulación de poder de los grupos hegemónicos; la segunda, reconoce la heterogeneidad cultural como una riqueza que tenemos a partir de la multiplicidad de lógicas de interpretación de la realidad que coexisten en un espacio común, en los términos de la cual los llamados productos culturales son interpretados en formas varias y en ocasiones contradictorias dentro de una misma sociedad.

La promoción “bancaria”, que centra sus objetivos al consumo pasivo de contenidos culturales foráneos, a la descontextualización de la cultura propia de los pueblos y a su desvinculación con las realidades concretas en las que incide, se opone la promoción cultural liberadora, que apunta más a la creatividad y la participación colectiva fundada en los modos de vida de la comunidad, vinculando este quehacer al desarrollo mismo de la sociedad en su conjunto, insistiendo en las capacidades y potencialidades de cada cultura para la construcción de su futuro; sin aislarse mediante el diálogo respetuoso entre diversas formas culturales y el derecho de cada comunidad para elegir autónomamente elementos culturales y apropiarse de aquéllos que no produce, refuncionalizándolos en sus propios términos.

La promoción “bancaria”, que restringe al equipo promotor las tareas de programación, evaluación y seguimiento, elaboradas bajo su concepción externa a la comunidad y bajo pautas culturales elitistas, contrapuesta a la promoción liberadora en la que la población comparte los objetivos y participa en el diseño, operación y evaluación de los proyectos y donde el equipo promotor vive un proceso de permanente reeducación en el que paulatinamente va destruyendo la parte de dominantes que tienen interiorizada, cuando su origen es externo a la comunidad.

Finalmente, señalamos la oposición entre la promoción “bancaria”, que penetra (a veces inconsciente y de “buena voluntad”), para bloquear procesos de participación y autogestión, y la promoción liberadora, que cuestiona los modelos de desarrollo occidentales adoptados acríticamente, construyendo mecanismos de resistencia cultural para reivindicar su derecho al espacio-territorio, a su palabra, a su organización, a sus conocimientos, a sus creencias y a su participación efectiva en la construcción de su propio modelo de desarrollo.

EL PAPEL DE LOS PROMOTORES CULTURALES.

El asunto de la mayor o menor comprensión del fenómeno cultural, de su importancia en el desarrollo global, las problemáticas por las que atraviesa, las estrategias adecuadas para dar respuesta a los problemas de manera pertinente, oportuna y participativa, diseñando proyectos para gestionar financiamientos externos (públicos o privados) y favoreciendo y apoyándose en las estructuras organizativas tradicionales de la comunidad para estimularla en la defensa de sus raíces, en el fortalecimiento de su identidad y en el impulso a nuevas formas de expresión que den cuenta de su creatividad en permanente actualización e innovación, no sólo depende de la cantidad de presupuesto asignado, ni de la voluntad política de los funcionarios en turno, que evidentemente son necesarios, sino también de la existencia de promotores culturales, que en las instancias públicas puedan canalizar la oferta institucional a la sociedad civil, para que ésta defina su destino en los términos de su propia cultura. De igual manera, se presenta la necesidad de que los grupos sociales y comunitarios organizados formen a sus propios cuadros que les permitan una interlocución en tiempo y forma a dicha oferta, además de la propia que las mismas comunidades generan cotidianamente.

Sólo de esta manera se pueden superar las visiones limitadas del hecho cultural y la fragmentación de acciones localistas y esporádicas; sólo así se pueden concebir programas y acciones de mayor escala, (atendiendo al supuesto de que la cultura no tiene fronteras políticas), que trasciendan el ámbito local y que a partir de la detección de las problemáticas y propuestas de varios grupos o comunidades que se identifican, se puedan diseñar proyectos de mayor envergadura e impacto entre la población.

En este proceso, la formación de cuadros institucionales y comunitarios es por demás relevante, porque está probado, que la participación comunitaria es necesaria pero no suficiente, cuando ésta carece de la necesaria calificación técnica.

Las mismas comunidades tienen sus propios mecanismos para la formación de cuadros “especializados” en materia cultural: mayordomos, médicos tradicionales, parteras, chamanes, músicos, capitanes de danza, rezanderos, artesanos, cronistas, escritores, autoridades tradicionales que permiten, la reproducción de su cultura y tradiciones.

Sin embargo, la problemática por la que atraviesan, en muchos casos requiere de apoyos institucionales, que precisan de “interlocutores” que sean puente entre la oferta institucional y las necesidades comunitarias mediante la adecuada formulación de proyectos culturales (que hoy por hoy constituyen uno de los principales instrumentos de interrelación entre oferta institucional y la demanda comunitaria, para tener acceso a los recursos provenientes de la administración pública).

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